Como breve repaso de lo realizado por el gobierno en tan pocos días se destaca una intensa agenda de convocatorias realizadas a todos los sectores de la política, la producción y el trabajo.
Capitanich se reunió con sindicalistas de las centrales de los trabajadores, CGT y CTA; convocó al diálogo político a gobernadores y referentes opositores (Antonio Bonfatti de Santa Fé, y Mauricio Macri, jefe de la Ciudad de Buenos); se reunió con los jefes de las bancadas oficialistas y también opositoras; retomó la ronda de diálogo con empresarios (que había lanzado la presidenta en agosto pasado) para que presenten sus demandas sectoriales, al mismo tiempo que se les solicitó que fueran acompañadas por las estructuras de costos para ser analizadas en conjunto con dichas demandas.
Además, se anunció el lanzamiento de un nuevo acuerdo de precios para el 22 de diciembre en el que se encuentra trabajando Gustavo Costa, reemplazante de Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio.
Por otro lado, Kicillof anunció un incremento del 37% en el presupuesto de obra pública para el año próximo, que llegará a los 80 mil millones de pesos, contra los 61 mil millones del actual 2013.
La decisión de motorizar la obra pública va en consonancia con seguir dinamizando al estratégico sector de la construcción que, de acuerdo por lo manifestado el martes por Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, llegará en el 2014 al 4% del PBI.
A este sector habrá que sumarle el impacto de la construcción de las 100 mil viviendas previstas para el año próximo como parte del Plan Pro.Cre.Ar.
Por último, el titular de la AFSCA, Martín Sabatella, anunció el martes que antes de fin de año dicho organismo concluirá la evaluación de los planes de adecuación de los once grupos de medios de comunicación que restan para determinar si se encuadran o no en lo establecido en la Ley.
El principio de acuerdo con la empresa española Repsol anunciado en el día de ayer, se venía trabajando entre ambos países desde principios de año.
No fue, como maliciosamente se intentó atribuir, una respuesta a la derrota electoral de las elecciones del 27 de octubre. Desde el momento en que se expropió el 51% de Repsol –YPF en abril del año pasado, el gobierno nacional sabía que debía negociar una compensación, no solamente para despejar las complicaciones de futuras y urgentes inversiones que implicaba no llegar a un acuerdo con Repsol, sino porque esencialmente es dar cumplimiento a lo que manda el artículo 17 de la Constitución nacional.
Desde ya, negociar desde el Estado frente a las grandes corporaciones implica una elevado nivel de coraje político, más aún cuando al tiempo en que se anunciaba la expropiación de YPF, todo el estabilshment local salía abroquelado en defensa de los intereses de la empresa española que venía depredando los recursos carburíferos y gasíferos desde hacía casi dos décadas llevando al país al déficit energético.
Déficit que esos mismos sectores del establishment intentaron imponer como exclusiva responsabilidad del gobierno, ignorando los desaguisados realizados por la privatización de YPF, y los acuerdos de venta de gas a Chile que se llevaron adelante durante la década del noventa.
La negociación fue dura, y como tal fue una puja de ofertas, contraofertas y jugadas fuertes por parte de ambos países, como en cualquier negociación donde los intereses en juego son grandes.
Como sucedió a fines de año pasado, cuando la oposición política y mediática pedía pagarles a los fondos buitres tras el embargo a la Fragata Libertad, también estuvieron del lado de Repsol vociferando que debía pagarse lo que los españoles pedían, es decir entre 10 mil y 12 mil millones de dólares de compensación.
El monto que incluye el acuerdo, rondará los 5000 millones, menos de la mitad de lo que reclamaba Repsol y sus voceros locales, los que serán pagaderos de forma conveniente y viable para el país.
Al acuerdo con Repsol, cuyas negociaciones como se dijo anteriormente comenzaron hace mucho tiempo atrás, se suma el reciente acuerdo con el Banco Mundial que permitirá el desembolso de 3000 millones de dólares en los próximos tres años; el acuerdo con las empresas que litigiaban contra la Argentina ante el CIADI, y la implementación a partir de febrero próximo de un nuevo Indec con acuerdo del FMI.
Deberá incluirse también, retomar las negociaciones con el Club de París, cuyo intento de lograr un acuerdo viene desde el año 2008 por parte del gobierno nacional.
En síntesis, todas estas medidas vienen trabajándose desde hace mucho tiempo, mucho antes que las elecciones de octubre, y forman parte de decisiones de orden político y estratégico, de largo plazo, y con altos niveles de responsabilidad.
Muy distinto a la reducción que surge de las recientes columnas de operación del diario La Nación, a través de Joaquín Morales Solá y Carlos Pagni, de considerarlas como medidas para neutralizar al intendente de Tigre, Sergio Massa.
El gobierno que asuma en el año 2015, oficialista u opositor al kirchnerismo, a diferencia de lo sucedido en los últimos cincuenta años, encontrará un país con muchos desafíos por delante, pero también con un país que habrá resuelto los mayores desatinos que llevaron a la Nación al extravío que causaron décadas de endeudamiento, exclusión, pobreza y pérdida de sus recursos naturales y productivos.
Gobernar desafiando los intereses de los poderes concentrados económicos, mediáticos y corporativos es, en el mundo actual dominado por el neoliberalismo, es una tarea titánica.
El kirchnerismo se atrevió a irrumpir y desafiar la lógica de que a las corporaciones no se las puede enfrentar desde el poder político, y lo continúa haciendo desde hace diez años.
Seguirá enfrentado los paradigmas del neoliberalismo y de las fuerzas conservadoras que imperaron durante las últimas décadas.
Y tendrá que seguir soportando cotidianamente los embates de estos sectores, y de quienes desde la antipolítica hacen fila redoblando sus esfuerzos para representarlos desde la Casa Rosada.
La lucha continuará siendo política versus corporaciones, como quedó demostrado desde el año 2003.
Y si para quienes lo realizado en estos diez años no fue suficiente, y corren por el andarivel del progresismo conservador, que demuestren quién, qué fuerza política en la Argentina actual desafía al kirchenrismo a ir más lejos y profundizar el proyecto iniciado desde 2003.
El desafío queda abierto.
