Entre la culpa y la impunidad
Corre la versión que el motivo por el cual Antonio Gómez Peregrin fue nombrado al frente de la Secretaría de Finanzas se debe a su habilidad profesional para solventar con maña y con éxito las observaciones de auditorías a la aplicación del dinero público. Si es o no correcta, la suposición queda para el archivo muerto pero está claro que no logró el propósito. Lo cierto, lo perceptible a simple vista es la reiterada seguridad del discurso subrayando que se han solventado todas, o casi todas las observaciones formuladas por la Auditoría Superior de la Federación; muy lejos de la verdad.
En ese contexto, el gobernador Duarte de Ochoa se obstina en su convicción de la correcta aplicación del recurso público durante su gobierno, a pesar de que rutinariamente se descubren propiedades millonarias de sus colaboradores; a pesar de recurrentes subejercicios, o del señalamiento del Auditor Superior calificando de muy errónea la aplicación del dinero público por la administración duartista; a pesar de lo que señaló el ex titular del SAT, Aristóteles Núñez sobre las anomalías encontradas: “esto es algo que efectivamente trascendió la normalidad en el comportamiento de un gobierno…”; a pesar también de las empresas fantasmas, de descuentos al personal sin que se compruebe el destino de esos ingresos, de señalamientos acerca de la corrupción en el gobierno, etcétera.
Por esa visión no extraña la declaración del titular de la Secretaría de Finanzas en el sentido de que existen canales alternos para enfrentar los dictámenes del órgano superior de auditoría federal; sin embargo, el tiempo se agota y es predecible que en las próximas semanas y meses los pasillos de la ASF y de la PGR se verán poblados de gente, ya sin la ropa del poder, con documentación bajo el brazo intentando explicar lo inexplicable.
No se duda que quienes aprovecharon el ejercicio del poder para obtener beneficios personales consumaron sus propósitos confiados en la impunidad de las tropelías cometidas en la anterior administración y, confiando en que el sucesor de Duarte sería uno más del Grupo de ayuda mutua, imaginaron un escenario similar. Pero la sociedad veracruzana alteró esos planes auspiciando la alternancia, y es manifiesto que no habrá más tapadera ni complicidades.
Los síntomas de aguda Cleptocracia aparecieron amaneciendo la actual administración estatal, cuando en enero de 2012 en el aeropuerto de Toluca se confiscó un maletín con 25 millones de pesos, dizque para pagar las fiestas del candelario veracruzano. Después, en marzo de 2004, un mensajero llegado desde el altiplano dio la voz de alerta, fue el presidente de la Fundación “Mexicanos Primero”, Claudio X. González Guajardo, quien advirtió ante la entonces subsecretaria de Educación Básica, Xóchitl Adela Osorio Martínez, sobre presuntas irregularidades por 6 mil 178 millones de pesos señaladas por la Auditoría Superior de la Federación en la aplicación de recursos para la educación, en las Cuentas de 2010 y 2011. Enfatizó: "Perdón que diga esto, me puede. Veracruz es el número uno en irregularidades en el uso de los recursos públicos para la educación en el año 2010 y 2011. No sé si el problema es el más grande, que en otros lados… Esa cifra que se perdió aquí es un chorro”. (Por coincidencia, Edgar Spinoso y Gabriel Deantes, quienes fungían como oficial mayor de la SEV y subsecretario de Administración y Finanzas, respectivamente, renunciaron a sus cargos por “pérdida de confianza”, que se suavizó explicando el cierre de un ciclo.
También por coincidencia (que a veces las hay en política), ese mismo mes y año el titular de la ASF, Juan Manuel Portal Martínez, con su equipo de colaboradores explicó a diputados federales: “no hay ninguna condescendencia con ningún Estado, ni trato diferenciado”; su coordinador de asesores, Alfonso García Fernández, afirmó que daban seguimiento a 33 proyectos de inversión en infraestructura y equipamientos de Veracruz. Arturo Orcí Magaña, titular de la Unidad General de Administración de la ASF informó que “en el caso de Veracruz se recuperaron 7 mil millones de pesos asignados para rubros específicos, que fueron desviados, así como un reintegro de mil 320 millones de pesos por concepto del Seguro Popular”. De todo esto, por cierto, el ORFIS nada había descubierto.
Desde entonces se difunden noticias sobre la sospechosa aplicación del recurso público en Veracruz, de observaciones sin solventar, de acusaciones penales provenientes de la ASF debidas al disimulo de reintegros por 8 mil 25 millones de pesos a las arcas públicas entre 2011 y 2013. Fondos federales de salud, educación, seguridad e infraestructura de cuyo destino se ignora; que la ASF ha promovido 198 acciones correctivas a funcionarios y dependencias estatales, de las cuales 122 son de tipo correctivo. Y la fuerte admonición del Auditor, Manuel Portal Martínez: “Veracruz es el tercer estado con peor desempeño en el manejo de recursos federales” (…) “sin que haya una respuesta por parte del gobierno de Veracruz”.
En ese escenario también figura la denuncia del senador Encinas Rodríguez sobre el uso de 396 millones de pesos para la Cruzada Nacional contra el Hambre: “Se realizaron compras por 57 millones de pesos de “vasos de plástico duro color”; 10 millones de pesos en “gorras para brigadistas”; 13 millones de pesos en “porta-credenciales”; 96 millones de pesos en “tortilleros de color impreso” y 79 millones de pesos “en paliacates”, que de acuerdo con la ASF: “no corresponden con los objetivos que establece el decreto del Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre. A pesar de todo esto, y más, se insiste en que no hay irregularidades ¿patología palaciega?
alfredobielmav@hotmail.com 11- septiembre- 2016.
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